Fuera de los casos previstos en el tipo básico de tráfico de drogas del art. 368 del Código Penal, nos encontramos tanto con figuras no punibles como con los diferentes tipos agravados del delito, regulados en los arts. 369 a 370 CP.
Analizamos las características de las figuras no imputables del tráfico de drogas como son el autoconsumo, el consumo compartido y la posesión o entrega de cantidad insignificante, por no lesionar el bien jurídico protegido al no poner en peligro la salud pública. En cuanto a los tipos agravados, examinamos sus elementos, que habrá que probar. ¿Qué se considera establecimiento abierto al público a efectos del tráfico de drogas? Para calcular la cantidad de notoria importancia, ¿se debe tener en cuenta la pureza de la droga? ¿Qué características tiene la organización criminal en el tráfico de drogas? En el estudio jurisprudencial contenido en el presente Cuaderno se analizan estas cuestiones, entre otras, a través de las resoluciones dictadas por nuestros jueces y tribunales en sus resoluciones.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Revisión de sentencias condenatorias firmes por delitos sexuales tras la Ley Orgánica 10/2022 · Dos años de aplicación práctica de la nueva versión del sistema de plazos del proceso penal (art. 324 LECrim) · Cuantificación de los daños morales

La reclamación del pago de los gastos extraordinarios de los hijos entre los progenitores es uno de los procesos de ejecución de familia que con mayor frecuencia se instan ante nuestros tribunales, y esa es la razón por la que hemos reunido en esta selección de jurisprudencia las cuestiones más habituales que se plantean en la práctica.
Partimos de dos grandes bloques: los supuestos en los que procede la ejecución del gasto como extraordinario y los supuestos en los que no procede, aunque se trate a veces del mismo tipo de gasto. Así, para poder determinar si procede o no la ejecución del gasto como extraordinario, habrá que atender a distintas cuestiones: al contenido del título ejecutivo, a si ha habido una aceptación expresa del gasto, o a si se ha pactado en el convenio como extraordinario o como ordinario. Por supuesto, también es necesario que haya un conocimiento o consentimiento respecto a su pago o incluso podrá valorarse si ha existido un abono previo de los gastos que se reclaman como extraordinarios.
No procederá la ejecución como extraordinario cuando el gasto se derive de una decisión unilateral del progenitor ejecutante, y, por supuesto, debe tratarse de gastos urgentes o necesarios.
No debe olvidarse, además, que, previamente a su reclamación, tiene que determinarse la naturaleza del gasto, debiendo acudir para ello al incidente regulado en el art. 776.4 LEC, cauce legal obligatorio cuando se quiere reclamar un gasto como extraordinario que no esté previsto en el título ejecutivo. Son muy interesantes las resoluciones recogidas en este apartado del estudio.
Finalmente, pero no por ello menos importante, hemos considerado necesario prestar atención a la mediación en las reclamaciones de gastos extraordinarios, tanto cuando existen pactos alcanzados en mediación como la recomendación de acudir a ella para lograr acuerdos antes de recurrir a la vía judicial.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Según la nueva redacción del art. 96 CC, ¿es necesario volver a valorar las circunstancias para extinguir el uso de la vivienda familiar cuando los hijos menores alcancen la mayoría de edad? · Las videoconferencias transfronterizas como medio de simplificación y aceleración de la obtención de pruebas en los procesos de Derecho de Familia en la Unión Europea · El interés superior del menor y la suspensión del régimen de visitas

En la presente publicación se recogen los criterios jurisprudenciales sobre los daños provocados por el incumplimiento de las obligaciones de las empresas eléctricas.
Para ello se muestran los criterios generales a tener en cuenta, como son los conceptos de consumidor o usuario de energía eléctrica; el producto; el servicio o producto defectuoso; el productor; el suministrador y la comercializadora. Además, se trata la duda sobre la normativa aplicable a este sector, si es la específica, la del Código Civil o la de los consumidores.
En una segunda parte, se analiza la respuesta de los jueces según el origen del daño, por fenómenos atmosféricos, en una instalación privativa, en un elemento de la Comunidad de propietarios o en los equipos de la empresa de electricidad.
Y además, en la parte de Actualidad:
· En el cómputo de los plazos en la fase de instrucción, ¿son todos los días hábiles para cualquier tipo de actuación? · Los procedimientos judiciales por amianto veinte años después de su prohibición
· Conducción de patinete eléctrico

La figura jurídica de la enervación de la acción de desahucio por falta de pago consiste en la posibilidad que tiene el arrendatario de evitar la resolución del arrendamiento pagando las cantidades adeudadas. Ha sufrido varias modificaciones legislativas y, en la actualidad, aparece regulada en el art. 22, apdo. 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.
Abordamos en este estudio jurisprudencial las cuestiones que suscitan problemática y que son objeto de un número abundante de recientes resoluciones judiciales: ¿Cuáles son los requisitos del requerimiento previo? ¿Debe comunicarse expresamente la resolución del contrato ante el impago? A efectos del cómputo, ¿qué sucede cuando han existido enervaciones anteriores? ¿Qué cantidades deber ser consignadas o pagadas para enervar la acción? ¿Cuál es el criterio de los tribunales si el pago se produce una vez interpuesta la demanda y hasta la celebración de la vista? ¿Se impondrán costas al arrendatario que ha motivado el procedimiento?
Y además, en la parte de Actualidad:
· Interdicto de recobrar y okupas · Hacia la limitación de la renta en el arrendamiento de vivienda · Situación de vulnerabilidad en juicio de desahucio y falta de adopción de medidas por las Administraciones Públicas

Presentamos nuestra nueva Colección “Casos ganados…”, con ella hacemos el trabajo por ti. Te facilitamos casos reales y recientes resueltos por Tribunales de toda España en los que se da la razón al ciudadano (y a su abogado). ¿Ganar a la Administración por un defecto de notificación? Es muy complicado, pero no imposible. En esta ocasión encontrarás 100 resoluciones a favor del cliente por no haberse respetado todos y cada uno de los requisitos de las notificaciones, ya sean en papel o por medios electrónicos.

Son muchas las medidas extraordinarias aprobadas como consecuencia de la pandemia en 2020 y la crisis económica de la Guerra de Ucrania en 2022 en el arrendamiento de vivienda y que continúan en vigor durante el año 2023. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus requisitos y sus plazos?
El Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, establece las medidas relativas al alquiler de vivienda, ampliando los
plazos respecto a la suspensión del procedimiento de desahucio y lanzamientos, la compensación por arrendadores y propietarios ante dicha suspensión, y la limitación en las actualizaciones de la renta. Además, introduce la nueva medida de prórroga extraordinaria de seis meses en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Por otra parte, mostramos también la ayuda para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes mediante el Bono Alquiler Joven, según el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero.
En definitiva, un análisis detallado, con el rigor de la Editorial Jurídica sepín, sobre cuáles son las medidas que todavía pueden solicitarse en 2023.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Cláusulas nulas en el contrato de arrendamiento de vivienda. Análisis de la Sentencia del JPIn.º 31 de Barcelona, de 9 de enero de 2023 · Consideración del arrendatario como consumidor y del arrendador como empresario. RDLeg. 1/2007, de 16 de noviembre, TRLGDCU

Como todos los años desde la reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, por la Ley 35/2015, sepín publica esta guía que contiene los criterios de actualización del ?Baremo de Tráfico? para el año 2022 y su aplicación en las tablas, ya que la propia norma indicia que debe realizarse de forma automática, sin necesidad de esperar a su publicación por la Dirección General de Seguros.
La extensión y la actualización de las cuantías de las tablas hace imprescindible esta Guía Práctica, debiendo prestar atención a los criterios de actualización, dado que no todas se acrecientan igualmente. Además, recoge diversos esquemas sobre el uso de este método de valoración, explicando cada tabla, el nuevo procedimiento extrajudicial o el nuevo informe pericial. Igualmente, cuenta con un conjunto de formularios, así como con la unificación de toda la normativa. De esta forma, esta obra pretende facilitar el acceso al contenido del articulado y a todas las tablas.

En esta ocasión, el estudio de Jurisprudencia al Detalle está dedicado a la ?Modificación judicial de la capacidad de las personas en el marco de la Convención de Nueva York de 2006?. A la vista del Proyecto de Ley que prevé introducir una reforma en la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, hemos considerado necesario conocer la respuesta de nuestros Tribunales, centrándonos en las resoluciones más relevantes del Tribunal Constitucional, de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. En todos estos procedimientos el punto de partida es el marco legal que nos proporciona la citada Convención de Nueva York de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Incluye cuestiones fundamentales como el principio de no discriminación, la protección del discapaz mediante un ?traje a medida? flexible para adaptarse a sus necesidades, la exploración judicial, la diferencia entre modificación total y parcial, tutela versus curatela, defensor judicial, nulidad de actos realizados por el discapaz o guardador de hecho, los actos personalísimos, como son la capacidad para contraer matrimonio y otorgar testamento y el derecho de sufragio. Abarca también los internamientos no voluntarios y cuestiones procesales sobre competencia, además de algunos expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de derecho sucesorio, como la autorización judicial para la aceptación y partición de la herencia, para la aprobación de la partición, o para repudiar la herencia o legado.

En el presente Cuaderno analizamos una de las fases esenciales del juicio ordinario: la audiencia previa. Aunque es sin duda uno de los actos más reglados de la norma rituaria, se sigue de forma distinta y con soluciones heterogéneas en los diferentes juzgados de nuestro territorio. Por eso deviene esencial el conocimiento de los problemas que puede plantear la incomparecencia de algunas de las partes y las incidencias durante su desarrollo.

En el régimen de propiedad horizontal, conforme establece el art. 3 b) LPH, existe copropiedad sobre los elementos comunes. No obstante, algunos de ellos pueden tener un uso individualizado, en ese caso, ¿cómo se otorga?, ¿es este un derecho excluyente?, ¿quién será el responsable del mantenimiento y las reparaciones?, ¿qué limites tendrá este uso?, ¿qué obras están permitidas y cuáles necesitan acuerdo comunitario?, ¿podrá la Comunidad disponer de los citados elementos?, ¿procederá la creación de servidumbres?, ¿se deberá indemnizar al usuario? Estas y otras preguntas tienen respuesta en este completo estudio jurisprudencial.